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Dr. Pedro Laos D.
Rol de la Inversión Extranjera Directa en los Procesos de Desarrollo Económico
Década de los 60, 70 y comienzos de los 80: Rol activo del Estado en la economía; monopolios de empresas públicas; se desalentó la inversión privada; IED era vista como amenaza a la “soberanía” estatal;
Decisión 24 de la Comunidad Andina (Pacto Andino) de 1970: Imponía diversas restricciones al capital extranjero: registro obligatorio de la inversión extranjera ante la autoridad competente; prohibición de inversión extranjera en ciertas actividades estratégicas atendidas por el Estado; restricción a empresas extranjeras para adquirir empresas nacionales para evitar la “desnacionalización” de la economía; limitaciones en cuanto a la libre remesa de utilidades, etc.
Década de los 80 (fines), 90 y 2000 en adelante: Globalización e interdependencia económica; redefinición del concepto de soberanía estatal; necesidad de contar con marcos normativos que no sólo eliminen restricciones a la inversión extranjera sino que la promuevan;
Decisión 291 de la Comunidad Andina de 1991: permite libre ingreso de capital extranjero y libre remesa de divisas; libertad en cuanto a las actividades en las cuales puede realizarse inversión extranjera; libertad en la adquisición de empresas nacionales existentes; ausencia de restricciones a los derechos económicos y financieros de las empresas extranjeras.
Luego de los años 70 y con el fin de las expropiaciones de compañías extranjeras, se produce un progresivo reconocimiento de determinados principios del Derecho Internacional en materia de IED: Fidelidad a los tratados y contratos suscritos por el Estado (Pacta Sunt Servanda); protección a la propiedad privada y a las inversiones; solución pacífica de controversias, entre otros.
Estos principios han sido incorporados en las legislaciones domésticas, en convenios internacionales y en convenios entre los Estados y los inversionistas extranjeros (contratos de inversión).
Condiciones de las que depende el incremento de los niveles de inversión extranjera
a) Condiciones económicas (acceso a mercados, disponibilidad y costo de los factores de producción, como mano de obra y capital, carga tributaria, existencia de infraestructura adecuada, abundancia y diversidad de recursos naturales);
b) Condiciones políticas y sociales (existencia de una administración pública eficiente y transparente, bajos niveles de corrupción, estabilidad política y social, instituciones sólidas, gobernabilidad y sistema democrático, “licencia social” necesaria para el normal desarrollo de diversas actividades económicas);
c) Condiciones legales (estabilidad del régimen legal bajo el cual se produce la inversión extranjera, transparencia y claridad del marco normativo, sistema tributario eficiente, acceso a un sistema de solución de controversias imparcial y eficiente);
Abogado
